La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a sancionar a las empresas que incumplan la Ley de la Cadena Alimentaria, al incumplir los plazos de pago u obligar a los autónomos del campo a vender a pérdidas. El 63% de las multas se han dirigido al incumplimiento de los plazos de pago.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a sancionar a las empresas que continúan pagando a los agricultores y ganaderos precios por debajo de sus costes de producción, contra lo regulado en la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, ya se han impuesto multas por valor de 756.000 euros, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Sin embargo, la actividad de la Inspección todavía sigue siendo limitada. Prueba de ello es que la AICA sólo ha impuesto 239 sanciones desde la entrada en vigor de la ley. Un dato que, no obstante, muestra cómo la vigilancia sobre las empresas de la industria y distribución de alimentos está aumentando.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a publicar trimestralmente las sanciones firmes que está imponiendo a las empresas por incumplir con las condiciones recogidas en la Ley de la Cande a Alimentaria. Una de las más importantes es la obligación de pagar a los autónomos, como mínimo, el precio de coste de sus productos, aunque también existen otros factores que están provocando la imposición de multas.

Imcumplimiento de los plazos de pago

Así, el principal motivo de sanción a las empresas de la industria y distribución alimentaria en el último trimestre ha sido el incumplimiento de los plazos de pago, que suman el 63% de las multas firmes impuestas por la AICA.

El segundo motivo de sanciones más recurrente es no formalizar los contratos por escrito, con un 23%. En este sentido, cabe recordar que, desde el pasado julio, el famoso “apretón de manos” con el que se formalizaban muchos de los acuerdos entre los agricultores y ganaderos y sus compradores quedó prohibido. Además, todos los contratos de compraventa de alimentos que los autónomos realicen con éstos deben quedar inscritos en el Registro de Contratos Alimentarios gestionado por la propia AICA.

Por último, el resto de las multas impuestas por la inspección a las empresas que compran los productos de agricultores y ganaderos se produjeron por no incluir el precio en el contrato.

Respecto a las sanciones, las diez más cuantiosas abarcan una horquilla de entre 9.000 y 46.770 euros, impuestas a empresas dedicadas a la comercialización de aceite de oliva, la leche o los frutos secos, pero también a grandes cadenas de distribución. En algunos casos, estas multas han sido más elevadas por obstaculizar la labor de la inspección. En términos absolutos, los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el viñedo y las frutas y hortalizas.

Ley de la Cadena Alimentaria

La Ley de la Cadena Alimentaria entró en vigor en diciembre de 2021, y su cumplimiento ha tardado tres años en comenzar a vigilarse, una situación que los agricultores y ganaderos llevan meses denunciando, y que fue una de sus principales reclamaciones durante las manifestaciones convocadas por las tres organizaciones más representativas de estos autónomos -Asaja, UPA y COAG- hace unas semanas.

Entre las reformas que introdujo la Ley de la Cadena Alimentaria, se encuentran las siguientes:

• • La prohibición, con carácter general, de la destrucción de valor en la cadena alimentaria, constituyendo los costes de producción como base de negociación de los contratos.
  • Obligación de formalizar los contratos por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior a los 1.000 euros, y se obliga a los compradores a inscribir los contratos con los productores primarios.
  • Dotación de un procedimiento seguro para la presentación de denuncias frente a prácticas desleales.
  • Publicidad trimestral de las sanciones por infracciones graves y muy graves contra la Ley de la Cadena Alimentaria.
  • Creación de un Observatorio de la Cadena Alimentaria para mejorar la transparencia y eficiencia de estas obligaciones.