Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE, CGT Nafarroa y el movimiento Etxalde han denunciado un año más las muertes laborales que se están produciendo en los centros de trabajo vascos. Ayer, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, protagonizaron sendas movilizaciones en Iruñea y Donostia para denunciar que los accidentes laborales son consecuencia directa de las malas condiciones de trabajo.

En Donostia, el recuerdo a los trabajadores fallecidos en accidente laboral el año pasado tuvo como escenario la playa de la Concha, donde un grupo de personas empuñando unos paraguas negros formaron las dos cifras que evidencian la siniestralidad laboral, es decir, el número 64.
Ante esa cifra, desplegaron una pancarta en la que se podía leer el lema ‘Apirilak 28 abril. Laneko segurtasun eta osasunaren nazioarteko eguna. ¿Y si los fallecidos en el trabajo fueran los empresarios? Eta lanean hildakoak empresariak balira’.
En Iruñea, llevaron a cabo una llamativa acción en el Paseo de Sarasate, representando la muerte de 64 trabajadores en accidentes laborales el año pasado. Frente al Palacio de Navarra y la Inspección de Trabajo, escenificaron a las y los trabajadores fallecidos tumbados en el suelo.

En ambas movilizaciones denunciaron la doble moral y la falta de humanidad que, según dicen, demuestra la patronal frente a los accidentes laborales. En 2024 murieron 64 trabajadores y trabajadoras en Euskal Herria y 100.000 personas sufrieron algún accidente laboral.
Los participantes en ambas movilizaciones han subrayado que esta situación tan grave se puede y se debe evitar, pero han criticado que ni la patronal ni la administración están comprometidas con la seguridad y la salud en el trabajo: la patronal no cumple con las normas de seguridad y la administración no las hace cumplir.
El falso absentismo laboral
Han denunciado la falta de humanidad de las empresas: “Mientras las y los trabajadores enfermamos, sufrimos lesiones graves o morimos, la preocupación de los empresarios es seguir aumentando sus beneficios utilizando la idea del absentismo laboral". Según los sindicatos y Etxalde, son precisamente las conductas empresariales las que generan el absentismo, así como las enfermedades y accidentes laborales que tienen consecuencias tan graves.
Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha denunciado el “fraude de la patronal” y ha hablado con dureza en relación con los 100.000 accidentes laborales del año pasado, lamentando la “imprudencia criminal de los empresarios”. “¿Qué pasaría si los fallecidos fueran empresarios?”, se pregunta Aranburu, añadiendo que en Euskal Herria el principal causante del absentismo es la patronal. Ha señalado las razones que hay detrás: “el altísimo índice de accidentes causado por el incumplimiento de la normativa de prevención y las enfermedades laborales, que en su mayoría no se reconocen, especialmente en los sectores feminizados”.
También ha dirigido críticas al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra por dar por buena la actitud de la patronal. “Garantizar el derecho a la salud laboral debería ser una prioridad para cualquier gobierno”, ha afirmado. Ha exigido medidas para acabar con la impunidad empresarial, entre ellas la imposición de sanciones y la creación de una inspección de trabajo propia.
El representante del sindicato de Transportistas de Euskal Herria, Jon Altuna, ha denunciado que, de media, al menos un transportista muere cada mes: “El año pasado murieron 14 transportistas. Este año, en solo los cuatro primeros meses, ya son 8 los fallecidos en Euskal Herria, lo que supone el doble”. Ha señalado que detrás de estas muertes están las precarias condiciones laborales del sector. Ha destacado además que la mayoría de las personas fallecidas estaban cerca de la edad de jubilación y que los infartos son frecuentes en esta profesión: “No hay transportistas jóvenes, y quienes continúan en activo, con una edad avanzada, están expuestos a riesgos como la pérdida de atención o de conciencia que puede desencadenar accidentes”.
LAB, ESK, Steilas, EHNE, CGT Nafarroa y Etxalde han reclamado situar la salud laboral de las y los trabajadores en el centro del debate político y de las políticas públicas, exigiendo que se cumplan las medidas de prevención. Han insistido en que los criterios de salud laboral deben prevalecer por encima de los criterios empresariales.